¿Recesión a la vista? El fantasma de una crisis económica global acecha, alimentado por las tensiones geopolíticas y las secuelas de políticas económicas controversiales. La sombra de las guerras arancelarias, iniciadas en su momento, proyecta presiones inflacionarias sobre la economía mundial, un juego peligroso con el objetivo de favorecer el comercio interno. Si bien la tregua comercial de 90 días ofrece un respiro momentáneo, la incertidumbre persiste sobre la estrategia a largo plazo y sus consecuencias reales.
Chile, impactado con aranceles del 10% en el pasado, confía en sus acuerdos de libre comercio para capear el temporal. La pregunta clave ahora es si la tregua actual mantendrá o mejorará nuestras condiciones comerciales. Voces del gobierno han expresado optimismo, quizás con más entusiasmo que prudencia. No debemos olvidar que, a pesar de nuestros logros, Chile sigue siendo un país de dimensiones modestas en la economía global.
La historia de Chile es la de una transformación notable. De una nación con recursos limitados, adoptamos un modelo que, aunque criticado por algunos, nos convirtió en un ejemplo de éxito económico. La clave: un sistema de ahorro basado en la capitalización individual y una apertura estratégica al comercio internacional. Esta dependencia del mercado global nos hace vulnerables a los vaivenes externos, pero nuestra responsabilidad fiscal nos ha permitido superar crisis anteriores. En el pasado, supimos ahorrar en tiempos de bonanza para enfrentar las épocas difíciles. Sin embargo, una posible nueva crisis nos encuentra en una posición delicada, producto de la falta de previsión y la gestión fiscal del gobierno actual.
Toda fiesta tiene su fin, y los excesos siempre pasan factura. El gobierno chileno ha consumido una porción significativa de las reservas fiscales sin que mediara una crisis de gran magnitud. La deuda pública ha alcanzado niveles alarmantes, comprometiendo la estabilidad económica. La frase “No hay plata” resuena con fuerza, evidenciando la falta de prioridades en el gasto público. La ciencia económica nos enseña una verdad fundamental: “Las necesidades son infinitas y los recursos son escasos”. Esta realidad, ignorada por la administración actual, exige priorizar y optimizar el uso de los recursos. El Estado no es una fuente inagotable de riqueza; depende de los recursos generados por el sector productivo, y, en última instancia, “todo lo paga usted”, el ciudadano.
La falacia socialista de que “El Estado somos todos” ha creado la percepción errónea de que los recursos públicos son de libre disposición. Al no ser generados directamente por quienes los administran, estos recursos a menudo se dilapidan. La riqueza se crea y se destruye; no es un pozo sin fondo que simplemente debe ser redistribuido. Antes de repartir, hay que “engordar el chancho”, es decir, fomentar el crecimiento económico. Este gobierno, a pesar de sus “agendas pro-crecimiento” para la galería, ha impulsado políticas que, en la práctica, han conducido al “decrecimiento”. Son “generosos” con el dinero ajeno, y profundamente irresponsables. Los recurrentes “errores” de cálculo han resultado en un déficit fiscal inaceptable. Sin una pandemia, terremoto o catástrofe natural que lo justifique, se han consumido las reservas de Chile de manera irresponsable, incluso desfinanciando a la Corfo.
Se ha derrochado el dinero en “la fiesta”, y no precisamente en las áreas más críticas. La salud, que debería ser una prioridad absoluta, enfrenta la peor crisis de los últimos años, con desfinanciamiento y listas de espera interminables. Los recursos se han desviado hacia la “burocracia”, engrosando las filas de empleados públicos que no contribuyen al bienestar general. Se han contratado más de 100.000 funcionarios públicos, sin que esto se traduzca en una mejora tangible en la calidad de vida de los chilenos. Para financiar la reforma de pensiones, se obligó a los ciudadanos a “prestarle dinero al Estado”. La recaudación fiscal ha disminuido debido a cálculos erróneos y a los efectos desincentivadores de la reforma tributaria y el aumento de impuestos. Chile ha experimentado un “decrecimiento” económico, resultado de la “inestabilidad” generada por las políticas gubernamentales. El dinero recaudado se ha dilapidado en programas mal evaluados, funcionarios innecesarios y actos de corrupción que buscan financiar la política con el dinero de los contribuyentes.
A este panorama sombrío se suma el aumento de la inflación, impulsado por políticas irresponsables como los retiros de fondos de pensiones, vistos como una oportunidad para atacar el modelo económico. El alza en las tarifas eléctricas, producto de la congelación artificial de precios, también contribuye a la inflación. Las cuentas se pagan, y los chilenos las estamos pagando. Las políticas y leyes “supuestamente a favor de los trabajadores” no han logrado reactivar el empleo a niveles pre-pandemia, ya que han encarecido los costos laborales, desincentivando la contratación. Reducir la jornada laboral a 40 horas o aumentar el salario mínimo no son medidas sensatas en un contexto de “decrecimiento” económico.
Esta potencial nueva crisis nos encuentra en una situación precaria: sin recursos, sin crecimiento, con alta inflación y con un elevado desempleo. Todas estas son heridas autoinfligidas. Esperemos que la situación global no empeore, ya que las consecuencias de la irresponsabilidad fiscal se harán sentir con mayor fuerza. “Afírmese usted compadre”, estamos en la tormenta perfecta. Es urgente corregir el rumbo y reducir el gasto público. Es un imperativo moral.
Por Magdalena Merbilháa, periodista e historiadora.
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