Escándalo ProCultura: Fiscalía interceptó 26 teléfonos en investigación por corrupción
La investigación sobre presuntos delitos de corrupción que involucran a la Fundación ProCultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, da un giro impactante. A fines de septiembre de 2024, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta una medida intrusiva: la interceptación de 26 líneas telefónicas pertenecientes a 17 personas clave en la trama.
La solicitud, aprobada por el tribunal el 2 de octubre, se basó en “fundadas sospechas” de la participación de estas personas en “un hecho punible que mereciere pena de crimen”, según argumentó la Fiscalía. El objetivo: “establecer la participación de los sujetos referidos en el ilícito que se investiga” a través de “líneas precisas de investigación”. ¿Quiénes son los implicados cuyas comunicaciones fueron intervenidas?
Entre los nombres que figuran en la lista de teléfonos “pinchados” por la justicia, destaca Allan George Mix Vidal, el último presidente del directorio de ProCultura, médico urgenciólogo y jefe de urgencias del Hospital Salvador.
La lupa también se posó sobre el propio Alberto Larraín Salas, director ejecutivo de ProCultura, con la interceptación de tres de sus números. La investigación reveló que una de estas líneas era utilizada por su expareja, la psiquiatra Josefina Huneeus. El padre del director ejecutivo, Alberto Federico Larraín Lohmayer, también figura en la lista.
La red de personas bajo investigación se extiende a otros nombres relevantes dentro de ProCultura: María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la fundación y querellada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE); Patricia Ilonka Csillag Pimsteim, fundadora, secretaria y reconocida “gestora cultural”; María José Maturana Valenzuela, jefa de finanzas; y María Eugenia Sabbagh Vidal, abogada y secretaria de la organización.
La lista de los 26 números interceptados se completa con José Sergio Villarroel Miranda (contador auditor), Johny Fabián San Martín Flores (administrador general), Emilio Pablo Marinao Fuentes (subdirector ejecutivo y coordinador general de proyectos), Pablo Andrés Durán Romero (encargado territorial del área de Vivienda y Ciudad Identitaria), Francisco Alejandro Fuentes Araya (jefe del Circuito Lorca), Nicolás Francisco Ormeño Matus (Vivienda y Ciudad), Salvador Eduardo Nuñez Pérez (encargado territorial de la zona central), María Teresa Abusleme Lama (directora de estudios de la RM), Macarena Paz Fernández Génova (director regional de Magallanes) y Enrique Ariel Aracena Reyes (chofer).
Esta medida judicial representa un avance significativo en la investigación del caso ProCultura, y promete revelar detalles cruciales sobre el presunto desvío de fondos públicos. Estaremos atentos a las próximas novedades de este caso que sacude al mundo de las fundaciones y la política.
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