Fiscal Cooper Bajo la Lupa: Remoción, ProCultura y Secretos Revelados
El Ministerio Público ha estado con los ojos puestos en una sala del Palacio de Tribunales, donde la ministra de la Corte Suprema Mireya López supervisa las audiencias clave sobre la solicitud de remoción contra el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista buscan su destitución.
Las audiencias probatorias, que culminaron esta semana, han visto a la defensa de Cooper refutar los argumentos de los parlamentarios. La solicitud de remoción surge tras cuestionamientos sobre el manejo de la investigación que involucra a la diputada Karol Cariola (PC) por presunto tráfico de influencias.
Pero la atención principal se centra en el caso ProCultura, la arista más compleja del caso Convenios, mantenida bajo estricta reserva durante un año al amparo de la ley de Lavado de Activos.
Tras el levantamiento del secreto sumarial el pasado 5 de mayo, los intervinientes recibieron acceso al expediente, un derecho procesal tanto de imputados como querellantes. Este hito se esperaba que revelara información sensible, incluyendo la polémica solicitud del fiscal Cooper para intervenir el teléfono del mismísimo Presidente Gabriel Boric.
Sin embargo, el fiscal Cooper ha extremado las precauciones, limitando el acceso a la información, lo que ha generado críticas y reclamos formales por parte de defensas y querellantes de la oposición. Algunos recibieron copias tachadas o solo la querella inicial, levantando sospechas sobre una estrategia para evitar nuevas solicitudes de remoción.
A pesar de la controversia, el Ministerio Público insiste en que no se han vulnerado garantías y que se actúa conforme a las directrices del Fiscal Nacional para proteger las investigaciones.
#Máximo Resguardo: Blindando la Información
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ya había abordado el tema de las filtraciones, implementando medidas informáticas para asegurar la trazabilidad interna de los archivos y prevenir accesos indebidos. La instrucción general del 16 de octubre de 2024, enviada a todas las reparticiones, es la base de las medidas adoptadas por Cooper.
El documento establece que el secreto de la investigación se levanta solo para los intervinientes, quienes no pueden divulgar la información a terceros. Las copias se entregan en formato digital, en dispositivos nuevos proporcionados por el solicitante, y mediante un correo electrónico institucional específico para cada caso complejo.
Para proteger las garantías, la Fiscalía debe asegurar que no se vulneren los derechos de las víctimas o el derecho a la defensa, pudiendo tachar información personal o confidencial que no sea relevante para la investigación. Se considera información de interés investigativo cualquier antecedente vinculado a personas que pueda aportar valor probatorio al caso.
#El Efecto Cooper: ¿Protección o Restricción?
Las medidas de Cooper han afectado a querellantes como Nubia Vivanco, quien inicialmente expresó su disconformidad por la entrega parcializada de antecedentes. No obstante, tras hablar con el fiscal, valoró su enfoque.
“Efectivamente las carpetas han sido entregadas en forma parcializada… El fiscal ha sido extremadamente prudente. Inclusive, ha utilizado un mecanismo tremendamente ingenioso… creo que el fiscal ha estado protegiendo la investigación y protegiendo también la posibilidad de hacer eficazmente su trabajo. Y aunque no me pareció en un principio, yo reconozco esa prolijidad”, señaló la abogada Vivanco.
El caso ProCultura y la figura del fiscal Cooper se encuentran en el centro de la polémica, con acusaciones de ocultamiento y una defensa férrea de la protección de la investigación. El debate sigue abierto: ¿estamos ante una estrategia necesaria o una restricción indebida de la información?
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