La Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, continúa su exhaustiva fiscalización tras el estallido del caso Convenios en 2023, con la lupa puesta en las instituciones que suscribieron acuerdos con fundaciones.
En el punto de mira: la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del Ñuble. Una auditoría realizada por la Contraloría destapó irregularidades en convenios con la polémica Fundación ProCultura, la misma que ya enfrenta una investigación del Ministerio Público por presunto fraude al Fisco y malversación de fondos públicos.
Esta no es la primera vez que la ONG, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, se encuentra en el ojo del huracán. Sus múltiples convenios con el gobierno central y regional han sido objeto de cuestionamientos previos por parte de la Contraloría.
La Fiscalía, que recientemente levantó el secreto de la investigación, se encuentra analizando los posibles escenarios judiciales en lo que se perfila como una de las causas más relevantes del caso Convenios. Las operaciones de la Fundación ProCultura, con convenios que abarcan desde charlas culturales hasta la pintura de fachadas, están siendo investigadas en diversas regiones por el fiscal Patricio Cooper.
¿Qué pasó en Ñuble? La Contraloría investigó los convenios de la Seremi de las Culturas de Ñuble para verificar la transparencia de sus procesos desde su creación. El informe final del organismo incluye una revisión del convenio de 2023 con la ONG de Larraín.
El convenio entre la Seremi y la fundación, en particular el proyecto “Archivo Fotográfico y Colorea tu Patrimonio” (parte del programa “Quiero mi Barrio”), presenta tres puntos críticos.
La Contraloría detectó una “falta de control y supervisión oportuna a la ejecución del convenio”, evidenciada por una única visita en terreno, complementada con comunicaciones telefónicas y correos electrónicos.
El proyecto, con un costo total de $33.240.400 (aportados por la Seremi y la ONG), reveló gastos cuestionables. Un 66% del total rendido se destinó a combustible, peajes, alojamiento, alimentación y remuneraciones, catalogados como gastos administrativos que no se ajustaban al objetivo del convenio.
Además, se detectaron gastos no contemplados inicialmente, realizados incluso antes de la aprobación de la modificación del convenio. Por ejemplo, los gastos en traslado y alimentación aumentaron de $530.000 a $895.000 sin autorización previa.
El informe de la Contraloría también señala la ausencia de informes de avance del programa, cuatro documentos cruciales que debieron ser entregados entre junio y diciembre de 2021.
Mientras algunas rendiciones se presentaron en formato original, una veintena de documentos fueron entregados como fotocopias, incumpliendo los requisitos del convenio.
La investigación también reveló inconsistencias en la documentación laboral. De seis personas que prestaron servicios para el proyecto, solo se adjuntaron dos contratos, impidiendo la verificación del cumplimiento de actividades y la justificación de los gastos.
Se detectó el pago del sueldo de un trabajador de la ONG correspondiente a junio de 2021, antes del inicio formal del convenio. Además, algunos funcionarios recibieron doble remuneración, cobrando su sueldo como trabajadores de la entidad y, simultáneamente, emitiendo boletas de honorarios para el proyecto en Ñuble.
Finalmente, la Contraloría no pudo determinar con certeza la distribución de los gastos asociados al aporte de cada parte, ya que el monto total rendido ascendió a $38.010.322. La incógnita persiste sobre cuánto aportó realmente la Seremi y cuánto destinó la fundación de Larraín, quien también está siendo investigado por la Fiscalía.
Deja una respuesta