Penta Vida Demanda al Estado Chileno por $28 Mil Millones tras Ley de Retiro de Rentas Vitalicias
La aseguradora Penta Vida ha presentado una demanda contra el Fisco de Chile, exigiendo una compensación de 723.920 UF (aproximadamente $28.212 millones) por los perjuicios económicos derivados de la Ley N° 21.330, que permitía el adelanto de fondos de rentas vitalicias. Esta ley, posteriormente declarada inconstitucional, desató una batalla legal que ahora busca responsabilizar al Estado por los daños causados.
La demanda, presentada ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, acusa al Estado, representado por el Consejo de Defensa del Estado, de una “infracción grave y consciente del orden constitucional” al promulgar una ley que, según Penta Vida, generó un impacto económico directo y significativo en sus operaciones. La empresa argumenta que el legislador actuó fuera de los límites constitucionales en respuesta a un contexto político y social específico.
El origen del conflicto se remonta a la Ley 21.330, aprobada el 28 de abril de 2021, que autorizaba a los pensionados bajo la modalidad de renta vitalicia a solicitar un adelanto de hasta el 10% de sus reservas técnicas, con un tope de 150 UF. Penta Vida alega que esta normativa, al ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, vulneró principios fundamentales del ordenamiento jurídico chileno, incluyendo el derecho de propiedad y la certeza jurídica.
La aseguradora califica la situación como “sin precedentes en la historia republicana de Chile”, señalando que el Congreso actuó al margen del marco constitucional en su intento de responder a las demandas sociales del momento.
Durante la vigencia de la Ley 21.330, Penta Vida se vio obligada a desembolsar 4.234.385 UF (unos $165.020 millones) a 34.591 pensionados que solicitaron el anticipo. Esta cifra representó más de la mitad del total de fondos que podían ser retirados bajo la ley, impactando directamente en el patrimonio de la compañía.
Penta Vida argumenta que el daño no se limitó a las pérdidas económicas. La compañía también tuvo que invertir en modificaciones de sistemas, recalcular pensiones y adaptar su estructura operativa, todo sin el respaldo legal adecuado ni compensación alguna.
La defensa de Penta Vida está liderada por un equipo de abogados expertos, entre ellos Alfredo Alcaíno, Arturo Fermandois, Marcelo Giovanazzi, José Manuel Díaz y Jaime De la Hoz.
El Tribunal Constitucional, al declarar la inconstitucionalidad de la Ley 21.330, ya había advertido sobre la afectación al derecho de propiedad y la alteración de contratos legalmente celebrados. La sentencia de marzo de 2022 fue contundente al señalar que la ley privaba a las compañías de seguros de facultades inherentes a su dominio y de bienes adquiridos bajo las leyes vigentes.
La demanda de Penta Vida subraya que el Congreso era plenamente consciente del impacto económico y la ilegalidad de la norma, pero optó por ignorarlos.
La compañía busca resarcir perjuicios que incluyen costos de implementación, daño emergente por el uso de recursos propios para los anticipos y lucro cesante por la menor rentabilidad de los fondos. Alegan que los anticipos, pagados con recursos propios de la Reserva Técnica Base, no fueron restituidos ni compensados por el Estado, y que la reducción proporcional de las pensiones futuras se realizó a una tasa inferior a la del mercado, generando pérdidas para la aseguradora.
Penta Vida insiste en que no tenía la obligación legal de implementar el sistema de anticipos, ya que carecía de base constitucional. La demanda busca que el Estado asuma la responsabilidad por una ley que, según la aseguradora, causó un daño significativo e injustificado a su patrimonio.
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