¡Paz firmada! Empresario nocturno Pablo Ormeño y Primus Capital entierran el hacha de guerra tras millonaria disputa.
Después de intensas negociaciones, el empresario del mundo nocturno, Pablo Ormeño (41), llegó a un acuerdo crucial con Primus Capital para saldar una deuda que ascendía a miles de millones de pesos. Este pacto pone fin a una controversia que se había intensificado en los últimos meses y marca un nuevo capítulo en la relación entre ambas partes. ¿Cómo lograron limar asperezas? Sigue leyendo.
La historia entre Ormeño y Primus Capital se remonta a 2013, cuando el empresario se convirtió en uno de los primeros clientes de la firma de factoring. Sin embargo, la relación se complicó tras el escándalo de fraude interno que sacudió a Primus en marzo de 2023, donde se vieron implicados su entonces gerente general, Francisco Coeymans, y el exdirector comercial Ignacio Amenábar.
Ormeño, ingeniero comercial y dueño de negocios tan diversos como el Mall Shopping Antofagasta, Dominga Club, Zeratti Bar y empresas de servicios para la minería, además de socio del club Palomino, se enfrentaba a una millonaria deuda que amenazaba sus finanzas.
El acuerdo alcanzado establece un plan de pagos hasta 2027 por un total de $5.500 millones. Para garantizar el cumplimiento, Ormeño entregó como garantía valiosos bienes raíces ubicados tanto en la capital como en otras regiones del país.
El pacto, formalizado ante la Notaría 38ª de Santiago, incluye cláusulas de confidencialidad. Fuentes cercanas al proceso revelaron que se hipotecaron terrenos, se entregaron en garantía pertenencias mineras y Ormeño se comprometió como aval personal para cubrir parte del monto adeudado.
El apretón de manos que selló el acuerdo tuvo lugar en las oficinas de Primus Capital, ubicadas en Apoquindo 3.000, Las Condes, tras una larga negociación entre Ormeño y el presidente de la firma, Raimundo Valenzuela. Ambas partes acordaron desistir de las acciones judiciales en curso, dando por superadas las diferencias. Eduardo Guerrero, vicepresidente ejecutivo del factoring, lideró la formalización del acuerdo.
Primus Capital contó con el asesoramiento legal de Cristián Gandarillas, socio del estudio GMD, mientras que Ormeño fue representado por Samuel Donoso, abogado litigante de D/BA, y Carlos Claussen, especialista en derecho minero.
Desde Primus Capital prefirieron no emitir comentarios, limitándose a confirmar la existencia del acuerdo comercial con Pablo Ormeño y sus empresas, declarando superadas las controversias del pasado.
Por su parte, Pablo Ormeño declaró: “La deuda con Primus era significativa y alcanzaba varios miles de millones de pesos, en su mayoría asociada a facturas en juicio. Tras una extensa y compleja negociación, logramos acordar un plan de pago en cuotas, debidamente garantizado y respaldado”.
“Mi intención es saldar dicho plan antes del plazo establecido, y para ello estoy trabajando intensamente, porque siempre he honrado mis compromisos. Reconozco que efectivamente existía deuda por parte de nuestras empresas, en parte por operaciones cruzadas entre nuestras propias sociedades, que debemos responder a Primus”, añadió Ormeño.
El conflicto entre Ormeño y Primus Capital estalló en julio de 2023, cuando la firma de factoring solicitó la liquidación forzosa de 24 sociedades, seis de ellas vinculadas al empresario, por una deuda que superaba los $17.900 millones. La disputa se intensificó cuando Ormeño denunció que las escrituras de reconocimiento de deuda presentadas por Primus se basaban en mandatos revocados, lo que derivó en una querella contra el notario Patricio Raby Benavente.
Ormeño acusó a Primus de inflar cifras contables para encubrir pérdidas internas, mientras que la firma de factoring insistió en que había sido víctima de un fraude deliberado por parte de las empresas del empresario.
La deuda original de $5.500 millones escaló a $17.900 millones debido a una cláusula en el contrato que permitía a Primus cobrar varias veces el monto original en caso de revocación del mandato de llenado de pagarés por parte de Ormeño, una acción que el contrato prohibía si existían deudas pendientes.
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