¿Golpe a la Pesca Industrial? Ley de Fraccionamiento Desata Tormenta en el Biobío: Cierre de Empresas y Despidos Masivos en el Horizonte
La polémica ley de fraccionamiento pesquero está a punto de convertirse en ley, y las alarmas ya suenan fuerte en el sector industrial. Tras ser despachada por la comisión mixta del Congreso, la norma que redistribuye cuotas de pesca ha generado un terremoto, con anuncios de cierre de empresas y la sombra de miles de despidos.
Sonapesca, la voz principal de las pesqueras industriales, advierte un impacto devastador: la aprobación de esta ley implica el traspaso de 400 mil toneladas de recursos marinos a la pesca artesanal. El gremio denuncia que esta medida obligará a la mayoría de las empresas a reducir su tamaño, e incluso a cerrar sus puertas, con graves consecuencias para el empleo formal.
Pacific Blu ya ha confirmado lo peor: el cambio en las cuotas de merluza común (52% para el sector artesanal y 48% para la industria, frente al 60% actual) hace inviable su operación en la Región del Biobío. La empresa se prepara para cerrar, dejando a más de 800 trabajadores directos y 2.400 indirectos sin sustento.
Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca, critica duramente la falta de diálogo real por parte del gobierno: “Fue un ejercicio superficial, un diálogo de sordos, ya que se ignoraron completamente los argumentos presentados sobre el impacto que esta normativa tendría en el empleo formal y descentralizado”. El dirigente gremial lamenta la pérdida de empleos y acusa una incoherencia del gobierno, que busca mitigar el cierre de Huachipato mientras impulsa una ley que genera un “terremoto social” en la región.
La Asociación Gremial de Pescadores Industriales del Biobío califica la situación como un “gravísimo problema social para Talcahuano creado e impulsado por las autoridades políticas de turno”. Acusan una visión “negativa e ideologizada” del sector empresarial por parte del gobierno, y denuncian la desindustrialización, la pérdida de competitividad y la destrucción de valor que traerá esta política pública. Además, respaldan la acusación de Pacific Blu sobre la presentación de información “falsa e incompleta” por parte de la subsecretaría de Pesca para favorecer al sector artesanal.
La Multigremial Nacional se suma a las críticas, señalando la responsabilidad de legisladores y autoridades: “La clase política debe responder por las 3.000 familias que quedarán sin trabajo el próximo año, producto de una discusión sin sustento técnico que se dio en el Congreso”, sentenció su presidente, Juan Pablo Swett.
En un gesto de protesta, diversos gremios empresariales del Biobío, incluyendo la CPC, la Cámara Chilena de la Construcción, Corma, Irade y Socabío, han suspendido indefinidamente su participación en el Plan de Fortalecimiento del Biobío. Denuncian que se legisló en base a “cifras erradas” y que el gobierno ha impulsado la “destrucción de puestos de trabajo formales y de buena calidad”. La región del Biobío enfrenta un futuro incierto, con la amenaza de una nueva crisis económica y social tras el cierre de Huachipato. La ley de fraccionamiento pesquero, lejos de ser una solución, se ha convertido en un nuevo foco de conflicto y preocupación.
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