¿Reunificación Familiar o Nueva Ola Migratoria? Vuelos con Ciudadanos Haitianos Desatan Debate en Chile
La llegada de al menos 12 vuelos procedentes de Haití en lo que va de 2025, transportando ciudadanos bajo el programa de reunificación familiar, ha encendido el debate sobre la política migratoria chilena. Amparado en la Ley de Migración y Extranjería, este programa busca facilitar el reencuentro de familias, pero no ha estado exento de controversia.
En una sesión tensa en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió el programa, destacando que la mayoría de los recién llegados son menores de edad. El ministro buscó contextualizar la situación, comparando el número de visas otorgadas durante el gobierno actual con la administración anterior.
Según Elizalde, el gobierno de Sebastián Piñera otorgó alrededor de 200 mil visas temporales a ciudadanos haitianos, mientras que en el presente período se han entregado solo 24 mil, lo que representa un 12% del total histórico. Esta comparación busca demostrar una gestión migratoria más controlada.
Actualmente, residen en Chile de manera regular 188 mil haitianos, una cifra que se ha mantenido relativamente estable desde 2018. Sus ingresos representan menos del 1% del total de ingresos de los extranjeros en el país, según datos proporcionados por el ministro.
El programa de reunificación familiar se basa en el Artículo 19 de la Ley Migratoria, que obliga al Estado a “promover la protección de la unidad familiar”. Elizalde enfatizó que estos vuelos no han implicado inversión estatal, ya que se trata de vuelos regulares o chárter gestionados por aerolíneas, dentro de los límites establecidos por tratados internacionales.
Consuelo Peña, Subdirectora de Seguridad Migratoria de la PDI, informó que este año han ingresado 2.350 menores haitianos, todos con visas de reunificación familiar. Subrayó que el proceso de verificación es riguroso, exigiendo a quienes reciben a los menores residencia definitiva, solvencia económica y la ausencia de antecedentes penales.
Sin embargo, la controversia persiste. Diputados como Andrés Longton (RN) acusan al gobierno de “manipular cifras” y de vincular el flujo migratorio actual con las visas otorgadas en administraciones pasadas, particularmente durante el gobierno de Michelle Bachelet, a quien atribuyen la aprobación de 170 mil visas. La discusión sobre el impacto y la sostenibilidad de la política migratoria chilena está lejos de terminar.
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