Meiggs: El Salvaje Oeste de Santiago a Días del Día de la Madre
El caos se apodera del barrio Meiggs a medida que se acerca el Día de la Madre, desatando un debate sobre la anomia y la inacción estatal. La columnista Rita Cox describe la situación como un colapso, donde “durante las tres semanas previas a la celebración, Meiggs recibe cerca de 16.830 personas promedio por hora; 168.300 personas diarias”. La pregunta que plantea Cox es provocadora: “¿Y si todo esto que pasa en el barrio Meiggs sucediera en Nueva Costanera frente a Casa Costanera? ¿Alguien alguna vez ha visto un solo ambulante en esas veredas?”.
Pero Meiggs no es un caso aislado. La semana pasada, incidentes alarmantes sacudieron la capital: un asado con música a todo volumen junto a una tumba en el cementerio Parque El Manantial de Maipú, ambulantes paralizando el Metro en Estación La Cisterna al subirse al techo de un tren, y el ataque vandálico al Faro de La Serena, Monumento Histórico Nacional, donde desconocidos removieron sus estucos. ¿Estamos ante una escalada de la anomia, esa “carencia de normas sociales” que Carlos Peña diagnosticó tras el estallido social?
El epicentro de este descontrol parece ser el Barrio Meiggs, tomado por el comercio ambulante desbordado. El viernes 2 de mayo, la Alameda, principal arteria de Santiago, se convirtió en una feria improvisada, ante la mirada atónita de conductores y transeúntes. El senador Manuel José Ossandón, tras una visita al sector, fue tajante: “Esto es como el Temucuicui santiaguino, no entra la policía como debe ser ni la autoridad a aplicar la ley”. Una declaración contundente sobre la ausencia del Estado de Derecho en pleno corazón de la capital.
La invasión del comercio informal no fue repentina. Comenzó bloqueando paraderos de buses frente al Mall Arauco Estación, creciendo sin control ante la falta de fiscalización. El lunes 5 de mayo, aunque la policía despejó las calles, los vendedores ambulantes se tomaron las veredas, el interior del barrio y el bandejón central de la Alameda. Para el 6 de mayo, la situación era crítica: la imposibilidad de transitar, la ocupación total del espacio público, evidenciaban un peligro latente. ¿Qué pasaría en caso de una emergencia, como un incendio? El acceso para bomberos o ambulancias sería imposible.
En este contexto de alta tensión, donde la presencia policial es casi decorativa, se despliega un mercado persa de productos de dudosa procedencia. Pijamas de polar, zapatillas falsificadas, medicamentos, ropa deportiva con logos adulterados y hasta la venta de Stanley a precios irrisorios conviven con el olor a marihuana y frituras. Un guardia de seguridad, con seis años de experiencia en la zona y múltiples heridas por ataques, confiesa que “nunca había estado tan mala la cosa”.
La mano de obra detrás de este comercio ilegal proviene, en su mayoría, de inmigrantes venezolanos, colombianos, peruanos y ecuatorianos, quienes pueden ganar entre $900 mil y $1.200.000 mensuales por atender un “toldo azul”. Pero las verdaderas ganancias se las llevan las mafias que controlan el negocio, con ingresos que oscilan entre los 12 y 15 millones de pesos mensuales. Se habla incluso de “tolderos azules” que importan directamente desde China, con ventas mensuales de 150 millones de pesos.
Detrás de la fachada comercial se esconden clanes familiares chilenos que arriendan el espacio público por cifras millonarias, llegando hasta los cinco millones de pesos mensuales. Estos grupos, según denuncian, tendrían “redes en distintas instituciones fiscalizadoras”, operando impunemente en el corazón del barrio. Además de ropa y chucherías, se venden cigarrillos, drogas e incluso armamento a plena luz del día.
El impacto en el mercado inmobiliario es devastador. El valor de las propiedades ha caído drásticamente, con pérdidas millonarias para los inversionistas. Las entradas a los locales establecidos, que pagan arriendo e impuestos, están bloqueadas por el comercio ambulante. Incluso el Cesfam del sector ha tenido que enrejarse tras sufrir ataques.
Mientras tanto, la eterna disputa política entre el actual alcalde Mario Desbordes y su predecesora Irací Hassler, no parece ofrecer soluciones concretas. Un proyecto de “Gran Manzana” impulsado por la Universidad Católica busca organizar el sector, pero su implementación se ve lejana. La comisaría prometida hace un año en Plaza Argentina, sigue siendo un container vacío, congelado por “temas administrativos”. La pregunta que resuena es: ¿por qué no se ha hecho nada antes para frenar este descontrol?
La columna de Rita Cox concluye con una reflexión inquietante: si esta situación ocurriera en el sector oriente de la capital, ¿sería tolerada? ¿Es Meiggs un reflejo de la doble vara con la que se mide el orden público en Santiago?
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