El año escolar en Magallanes arranca con polémica: ¿Quién paga el precio de las paralizaciones docentes?
La imagen de niños ansiosos por aprender se vio empañada en Magallanes. Mientras el resto del país daba la bienvenida a un nuevo año escolar, miles de estudiantes de establecimientos públicos administrados por el Servicio Local de Educación (SLEP) se quedaron sin clases. La razón: una paralización de casi un mes impulsada por el Colegio de Profesores en busca de mejoras salariales.
Más de 12.000 alumnos vieron interrumpido su derecho a la educación, una situación que contrasta con la normalidad vivida en colegios particulares subvencionados y pagados. La brecha educativa se ensancha, dejando a los estudiantes del sector público en una clara desventaja, rehenes de conflictos que parecen priorizar intereses gremiales por sobre el bienestar de los alumnos.
Este escenario evoca la crisis de 2023 en Atacama, donde el SLEP permaneció paralizado por más de 80 días. Si bien las motivaciones difieren, ambos casos exponen las profundas falencias de la educación pública y la incapacidad del Estado para garantizar un derecho fundamental. ¿Son los SLEP la solución o parte del problema?
Desde su creación en 2018, los SLEP han enfrentado críticas constantes. Más allá de los desafíos de implementación, se evidencian deficiencias estructurales que impiden ofrecer una alternativa superior a la antigua administración municipal. El diseño inicial no previó las complejidades del traspaso, centralizando decisiones y limitando la capacidad de respuesta a las necesidades locales.
La rigidez financiera y la persistente politización son otros obstáculos. La promesa de profesionalización e independencia a través de directores ejecutivos no ha logrado mitigar la influencia política en el sistema. Urge una revisión profunda que contemple la descentralización de la gestión docente y administrativa, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras, y la reducción de la burocracia.
Si no se implementan reformas urgentes, la promesa de una educación pública de calidad y el acceso al derecho a la educación seguirán siendo una quimera. ¿Está el Estado a la altura del desafío de brindar una educación equitativa y de calidad para todos los niños de Chile? La respuesta, por ahora, sigue siendo incierta.
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