La “Ley Uber” entra en vigor: ¿Un camino emparejado o una pista de obstáculos?
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La tan esperada regulación de las aplicaciones de transporte (EAT), conocida popularmente como “Ley Uber”, finalmente está a punto de hacerse realidad. Tras la aprobación de la Contraloría, el reglamento entrará en vigor en 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Pero, ¿será este el fin de la incertidumbre para conductores y usuarios?
Franco Basso, experto en transporte y logística de la Universidad de Valparaíso, conversó con El Diario de Cooperativa y si bien celebra la regulación como “un avance”, advierte sobre puntos controversiales que podrían generar debate y distorsiones en el mercado. ¿El principal punto de fricción? Las diferencias en las exigencias impuestas a los vehículos de aplicaciones en comparación con los taxis tradicionales.
Según Basso, el objetivo central de la ley era “emparejar la cancha” entre plataformas como Uber y Cabify y los taxis convencionales. Sin embargo, dos criterios específicos podrían desequilibrar la balanza. El primero se refiere a la antigüedad permitida de los vehículos: la normativa fija un límite de 10 años para las apps, mientras que los taxis pueden operar hasta con 18 años. “Hay una diferencia que no es despreciable”, señala el académico.
El segundo punto crítico es la exigencia de una cilindrada mínima de 1.400 centímetros cúbicos para los vehículos de aplicaciones. Basso cuestiona la lógica de este requisito, argumentando que no está directamente relacionado con el confort ni con las emisiones contaminantes. “En general, los vehículos que tienen una mayor cilindrada contaminan más que los que tienen una menor cilindrada. Y, por lo tanto, parece bastante antojadizo ese valor”, explica. Además, critica la ambigüedad de la fórmula “1.400 o equivalente”, que podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte del Ministerio.
¿Impacto económico en el horizonte?
Basso advierte que la nueva regulación podría tener un impacto económico significativo, dado el enorme volumen de pasajeros que se movilizan a través de estas aplicaciones. “Los análisis indican que, bajo las condiciones actuales, podríamos estar hablando de no menos de un 70% de los conductores vehículos que no cumplirían con este reglamento”, afirma.
Sin embargo, el experto valora positivamente el plazo de 12 meses otorgado para que los conductores obtengan la licencia profesional A2, lo que considera un período razonable de adaptación. “Esperamos que las distintas personas que hacen el trabajo de Uber o de Cabify puedan haber tomado esto en consideración y también con los plazos extra se puedan ir poniendo a tono para poder cumplir con la ley”, concluye Basso. La pregunta ahora es si este marco regulatorio realmente logrará equilibrar el terreno de juego o si, por el contrario, creará nuevas barreras para la movilidad urbana.
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