# Dictadura Chilena: Justicia Empieza a Reconocer Robo de Niños como Crimen de Lesa Humanidad
Por primera vez, la justicia chilena está calificando las adopciones irregulares ocurridas durante la dictadura de Pinochet como un delito grave: sustracción de menores. Esta reclasificación, impulsada por el ministro Alejandro Aguilar, abre una puerta a la esperanza para miles de familias que buscan respuestas. Pero la historia va más allá. Tres fallos recientes de la Corte de Apelaciones señalan que estos actos podrían constituir violaciones a los derechos humanos, crímenes que no prescriben. ¿Qué significa esto para las víctimas y sus familias? The Clinic investigó a fondo.
Myriam Monardes Retamal, una de las tantas madres afectadas, se enfrentó a una verdad devastadora al solicitar su bono por hijo en 2018. Descubrió que el sistema registraba ocho hijos, cuando ella solo conocía a siete. El personal médico le había informado falsamente que su hijo nacido en 1987 había muerto. La pregunta que la atormenta desde entonces: “¿Dónde está?”.
Con el apoyo de su hija, Ana Vera, Myriam se unió a la agrupación Hijos y Madres del Silencio, un faro para mujeres buscando a sus hijos robados. Su caso, el número 740 en la investigación judicial, es solo una pieza de un rompecabezas doloroso.
Las cifras son escalofriantes. En 2019, el entonces ministro Mario Carroza estimó que hasta 20.000 niños chilenos podrían haber sido enviados al extranjero entre las décadas de 1960 y 1980.
La investigación actual, liderada por el ministro Aguilar, ha dado un giro trascendental. Por primera vez, el tráfico de niños se tipifica como sustracción de menores, un delito. Sin embargo, Aguilar consideraba que estos crímenes habían prescrito, una postura que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó categóricamente.
The Clinic tuvo acceso exclusivo a tres fallos de la Corte que no solo rechazaron la prescripción, sino que ordenaron la búsqueda activa de los niños robados en el extranjero. En uno de los casos, se solicitó incluso la búsqueda, a través de Interpol, de una jueza implicada en el tráfico. La esperanza renace.
En el caso de Myriam Monardes, la Corte exige la búsqueda de los padres adoptivos de su hijo, quienes se cree que residen en Suiza.
El Desgarrador Descubrimiento: “Aquí le aparece otro hijo que se llama Esteban”
Ana Vera, hija de Myriam, relata el momento en que su madre descubrió la verdad: “Cuando estábamos haciendo el trámite del bono por hijo, nos dijeron ‘aquí le aparecen ocho hijos’. La funcionaria nombró a ‘Esteban Monardes’. Mi mamá nunca me había hablado de él. Ella me dijo, ‘sí, Anita, yo tuve un hijo, pero cuando nació, falleció’”. La mentira se había mantenido durante décadas.
Tras este impactante hallazgo, Ana y Myriam verificaron la información en Carabineros, confirmando que Esteban Monardes figuraba como vivo en las bases de datos, con una fotografía de recién nacido. Hoy, ese niño tendría 37 años.
El 14 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó que el caso de Myriam no podía cerrarse por prescripción, argumentando que podría tratarse de un delito de lesa humanidad, imprescriptible por su naturaleza. “Los hechos investigados acontecieron en el año 1987, esto es en el marco de la dictadura cívico-militar… perpetrándose en dicho período numerosas violaciones a los derechos humanos… por lo que tal contexto hace posible colegir que estaríamos en presencia de un delito que eventualmente tiene el carácter de imprescriptible”.
Robo de Niños en San Fernando: Un Sistema de Horror
La sustracción de niños durante la dictadura operaba a través de métodos crueles y sistemáticos. A las madres se les informaba falsamente de la muerte de sus hijos recién nacidos. Otros niños eran arrebatados de hogares de menores, aprovechándose de la vulnerabilidad de madres solteras y de escasos recursos. Asistentes sociales y abogados sin escrúpulos las engañaban para firmar documentos sin explicarles su contenido.
Ruth Reyes es una de esas madres. En 1981, necesitada de ingresos, dejó a su hijo en un hogar en San Fernando. “Cuando volví a preguntar por él, ya no estaba”. Hoy, a sus 65 años, Ruth busca incansablemente a su hijo, siendo el caso 335 en la investigación judicial.
Testimonios revelan la complicidad dentro de instituciones como el hogar Conin en San Fernando: “En Conin se debe tener en consideración el contexto político que tenían en el país en ese momento, por lo que por las experiencias personales siempre prefirió acatar las instrucciones que ordenaba el tribunal”. El miedo y la obediencia ciega facilitaron el horror.
Las redes de tráfico involucraban a matronas, abogados, asistentes sociales, jueces de familia, e incluso religiosos. Un niño chileno podía venderse por hasta US$10.000. Investigaciones han revelado la existencia de “catálogos” donde matrimonios europeos elegían las características del bebé que “comprarían”.
Otro testimonio escalofriante, aparentemente de alguien que trabajó en un hogar de menores, refleja la impunidad reinante: “Porque no hicimos nada cuando veíamos salir a los niños con una sola persona… nosotros en ese momento vivíamos una dictadura que al poder denunciar algo solo generaría muchísimos problemas, ya que no existía libertad de expresión”.
Ruth Reyes recuerda a su hijo robado: “Era mi pancito de azúcar… Tan chiquito, era chiquito, morenito, gordito…”, dice, antes de romper en llanto. Su denuncia inicial nunca prosperó.
La Corte de Santiago ha calificado el caso de Ruth Reyes como un delito de lesa humanidad, subrayando que los hechos ocurrieron en un periodo de “graves violaciones a los derechos humanos” y que, por lo tanto, es “imprescriptible”.
Diligencias Pendientes: La Búsqueda Continúa
Entre las diligencias pendientes en el caso de Ruth Reyes, destaca la búsqueda de Ivonne Gutiérrez Pavez, ex jueza del Juzgado de Menores de San Fernando, acusada de participar en el tráfico de niños. Se solicita a Interpol su ubicación, que podría estar en Estados Unidos.
Gutiérrez fue removida de su cargo por mala evaluación y posteriormente acusada por un diario estadounidense de estafar a parejas que buscaban adoptar niños chilenos. Se cree que huyó a Israel con un abogado también implicado en el caso.
Ruth Reyes, con la voz quebrada pero firme, declara: “Es un daño grande el que nos hicieron. Pero solo dios sabe… Dios va a hacer que paguen por todo eso. Yo voy a dar la pelea hasta que Dios me tenga aquí en la tierra”.
580 Causas Siguen en Tramitación: Una Lucha por la Justicia
Marisol Rodríguez, presidenta de Hijos y Madres del Silencio, califica como “histórico” el reconocimiento del secuestro de niños por funcionarios del Estado. Exige que todos los casos sean tratados como violaciones a los Derechos Humanos y que se investiguen a fondo.
Actualmente, existen 580 causas en tramitación relacionadas con adopciones irregulares. La región Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Biobío y La Araucanía.
La lucha por la justicia continúa. La reclasificación de estos crímenes como delitos de lesa humanidad abre una nueva etapa en la búsqueda de la verdad y la reparación para las víctimas de la dictadura chilena.
[Enlace a la agrupación Hijos y Madres del Silencio]
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