¡Escándalo judicial! Ex de Boric denuncia “intrusión grave” tras interceptación telefónica
Josefina Huneeus, expareja del Presidente Gabriel Boric y del fundador de ProCultura, Alberto Larraín, ha sacudido el mundo judicial chileno. Su defensa ha interpuesto un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, denunciando “medidas gravemente intrusivas” tras la interceptación de su teléfono por la Policía de Investigaciones (PDI). ¿Qué hay detrás de este polémico caso?
Según fuentes de *La Tercera*, los abogados Alejandro Awad Cherit y Miguel Schürmann Opazo –este último, miembro del equipo legal del propio Presidente Boric– califican la acción como ilegal. Argumentan que, al momento de la intervención telefónica, Huneeus figuraba como testigo en la causa y no como imputada. Un giro inesperado que levanta serias dudas sobre el procedimiento.
La defensa de Huneeus sostiene que el tribunal habría cambiado “ilegalmente” su estatus legal, de testigo a imputada, con el único fin de justificar las escuchas y transcripciones de sus conversaciones. Una maniobra que, de confirmarse, podría tener graves consecuencias legales.
Los hechos se remontan al 2 de octubre de 2024, cuando el Juzgado de Garantía de Antofagasta autorizó la intervención de 26 teléfonos vinculados a 17 personas investigadas por movimientos irregulares de la fundación ProCultura. Sorprendentemente, el nombre de Huneeus no figuraba en la lista original.
Sin embargo, entre los números intervenidos se encontraba uno registrado a nombre de Alberto Larraín, pero utilizado en realidad por Huneeus. Esto permitió que conversaciones privadas, incluyendo una con el Presidente Boric que salió a la luz recientemente, fueran incorporadas a la investigación. Sus abogados insisten en que “ninguna de éstas tiene interés criminalístico alguno”.
El tribunal renovó la medida de intervención telefónica el 6 de diciembre de 2024 y el 10 de febrero de 2025, manteniendo los mismos argumentos cuestionados por la defensa.
Los abogados de Huneeus califican las tres resoluciones judiciales como “una amenaza al derecho a la libertad personal”, argumentando que no cumplen con los requisitos legales para autorizar una interceptación telefónica.
Con el recurso de amparo, buscan que la Corte declare ilegales las resoluciones que permitieron la intervención, y que ordene la eliminación de todas las conversaciones obtenidas de la investigación. El caso promete generar un intenso debate sobre los límites de la investigación judicial y la protección de la privacidad en Chile. Estaremos atentos a las próximas novedades de este caso que involucra a figuras clave del escenario político y judicial.
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