¿Precedente Peligroso? Polémica por Fallo del TC contra Isabel Allende Desata Debate Nacional
La reciente inhabilitación de la Senadora Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional (TC), debido a una supuesta infracción del Artículo 60, que prohíbe a parlamentarios contratar con el Estado, ha encendido el debate político y jurídico en Chile. La vocera de gobierno, Aysén Etcheverry, inicialmente calificó la destitución de una senadora electa como “un precedente grave”, generando una ola de reacciones que la obligaron a matizar sus comentarios. ¿Pero qué significa realmente este “precedente” y por qué ha causado tanta controversia? Más allá de la jerga jurídica, la pregunta que persiste es: ¿cómo reaccionará el gobierno ante este resultado irreversible y qué medidas tomará para mitigar el impacto en la senadora Allende y en su coalición?
Este episodio pone de manifiesto la inherente ambigüedad del lenguaje y la complejidad de la interpretación, especialmente en el ámbito legal. Las palabras, lejos de ser descriptivas de hechos simples, a menudo evocan emociones, intenciones y múltiples significados, lo que complica aún más el proceso de entendimiento.
Según el reconocido jurista Guastini, la interpretación jurídica implica una elección discrecional de significados, descartando otros. El Tribunal Constitucional alemán ha reconocido abiertamente que la interpretación constitucional, incluso con una metodología impecable, no garantiza una verdad absoluta, sino un equilibrio de argumentos contrapuestos. En esencia, interpretar es argumentar.
La decisión del TC ha desatado una tormenta de argumentos entre juristas de renombre en diarios y redes sociales, centrada en el Artículo 60. Las posturas enfrentadas durante los alegatos revelan la complejidad del asunto. Los requirentes argumentaron que el Artículo 60 debía aplicarse de forma taxativa y automática, interpretado a la luz del derecho civil. La defensa de la senadora, por su parte, defendió una interpretación restrictiva, apelando al derecho administrativo, que exige una serie de trámites aún inconclusos.
La verdadera gravedad del precedente no reside en la interpretación elegida por el TC, sino en la amplitud del Artículo 60, que permite lecturas que conducen a resultados desproporcionados e incluso absurdos. Es hora de replantear este régimen legal.
Por Yanira Zúñiga, Profesora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile.
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