¡Escándalo en Chile! TC Frena Venta de Casa de Allende y Senadora Allende en la Mira
La polémica compra de la casa del fallecido Presidente Salvador Allende por parte del Estado chileno ha escalado a niveles insospechados. El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un duro golpe al proyecto, acogiendo los requerimientos presentados contra la Senadora Isabel Allende (PS). ¿La razón? Una posible infracción al artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a parlamentarios contratar con el Estado, lo que podría significar su destitución.
Aunque los detalles del fallo del TC aún están por revelarse, la controversia ya desató una ola de críticas y exigencias de responsabilidades. Expertos y la opinión pública se preguntan: ¿Cómo es posible que los equipos legales y asesores involucrados no advirtieran esta flagrante incompatibilidad constitucional, que también afectaba a la ex Ministra de Defensa Maya Fernández, quien renunció recientemente? La lupa está puesta sobre cada actor de este “bochorno mayúsculo”.
El pronunciamiento del TC deja en evidencia una clara vulneración a la Carta Magna. La pregunta que resuena en los pasillos del poder es: ¿Por qué el gobierno aún no ha sancionado a los funcionarios que validaron esta fallida operación? A pesar de que la ex Ministra de Bienes Nacionales y la ex Ministra de Defensa ya han renunciado, la ciudadanía exige que se identifiquen y castiguen a todos los responsables. La Moneda guarda silencio sobre los pasos a seguir.
Las recientes declaraciones de la jefa jurídica de la Segpres ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados no hicieron más que avivar el fuego. Al ser consultada sobre si conocía la inhabilidad constitucional de la Senadora Allende y la ex Ministra Fernández, su respuesta fue considerada “inaudita”. Argumentó que su revisión se limitaba a aspectos “técnico-legales” específicos, desentendiéndose de la compatibilidad constitucional del decreto.
A pesar del respaldo del Ministro del Interior y la vocera de gobierno, la explicación no convence. La percepción general es que La Moneda se resiste a asumir responsabilidades y proteger a los implicados. La sombra de la negligencia planea sobre el caso, generando desconfianza y alimentando las críticas.
Más allá de las responsabilidades individuales, la lupa se posa también sobre el Presidente de la República, impulsor de la compra de la casa de Allende. La ciudadanía exige transparencia y justicia. La incompetencia de los funcionarios del Estado no puede quedar impune en este polémico caso que sacude a la política chilena.
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