La sombra de la duda: ¿Está en riesgo la fe pública tras el caso de Isabel Allende?
La reciente controversia desatada tras la filtración de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la solicitud de destitución de la senadora Isabel Allende ha dejado un sabor amargo en la ciudadanía. Más allá de los argumentos constitucionales que puedan respaldar la resolución, este caso plantea interrogantes sobre la confianza depositada en la clase política y su capacidad para estar a la altura de las expectativas.
Cuando elegimos a nuestros representantes, depositamos en ellos una confianza fundamental para el buen funcionamiento de la democracia. Esta confianza implica que los elegidos deben esforzarse por materializar la voluntad de sus electores y, sobre todo, ser un ejemplo de integridad y respeto a la ley. Solo así se puede equilibrar el mandato popular con el respeto al Estado de Derecho.
Las causales de destitución de los parlamentarios no son arbitrarias; reflejan la necesidad de limitar el ejercicio abusivo del poder. Actos que aparentan privilegios, como la venta de una propiedad a un precio significativamente superior a su avalúo fiscal, erosionan la confianza ciudadana y pueden justificar la interrupción del mandato.
Pero la confianza no es solo votar. Implica “accountability”, la obligación de rendir cuentas claras a la ciudadanía, transparentando las decisiones y explicando su fundamento. Resulta inaceptable que una parlamentaria con décadas de experiencia alegue desconocimiento de las normas que rigen su función, trasladando la responsabilidad a asesores o funcionarios. Esto mina la fe pública.
Además, la gestión de los recursos públicos exige responsabilidad y transparencia. El fin nunca justifica los medios, y los actos administrativos deben ajustarse rigurosamente a la ley. Es inaceptable que una asesora jurídica justifique un gasto público basándose únicamente en un examen de legalidad, ignorando la “coherencia global” y la constitucionalidad que su cargo le exige velar.
En definitiva, la ciudadanía merece que se respete la fe pública, un pilar fundamental para una democracia sana y funcional. Este caso debe servir como un llamado a la reflexión sobre la ética y la responsabilidad en el ejercicio del poder.
Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional, UDD.
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