[Imagen del Ministro del Interior, Álvaro Elizalde]
Tensión Política en Aumento: RN Amenaza con Acciones Constitucionales contra el Ministro Elizalde por Caso Moya
La controversia en torno a Francisca Moya, jefa jurídica de la Segpres, desató una tormenta política. Renovación Nacional (RN) amenaza con escalar el conflicto a instancias constitucionales, apuntando directamente al Ministro del Interior, Álvaro Elizalde. El diputado Andrés Longton lidera las críticas, acusando a Elizalde de inacción al no iniciar un sumario contra Moya, quien fuera su subordinada directa en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
¿El motivo del escándalo? Moya reconoció estar al tanto de la inhabilidad que impedía a la senadora Isabel Allende y a la exministra Maya Fernández firmar contratos con el Estado. La oposición exige su destitución, argumentando una negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones.
Longton no se detuvo ahí. Anunció la presentación de antecedentes ante la Contraloría General de la República, buscando que se determine si Moya cumplió con sus obligaciones legales y se ordene un sumario dentro de la Segpres, instancia que, según el diputado, Elizalde debió haber activado. El parlamentario advirtió que la “inmovilidad” del gobierno podría tener consecuencias legales significativas y abrir la puerta a “acciones constitucionales de mayor envergadura”.
Ante la escalada de tensión, el Ministro Elizalde respondió con cautela. Aunque evitó especular sobre acciones futuras, defendió la validez constitucional de sus actos y señaló que la herramienta de la Acusación Constitucional debe basarse en fundamentos sólidos, los cuales, a su juicio, no existen en este caso.
Elizalde también abordó el rol de Moya en la polémica compra de la casa del expresidente, recordando que ya se han entregado explicaciones detalladas en la comisión investigadora del Congreso. Afirmó que el proceso y la participación de la división jurídica legislativa quedaron “más que claros” en esa instancia. Además, resaltó que la Contraloría General de la República validó la legalidad y constitucionalidad del decreto firmado por el Presidente de la República. La controversia, sin embargo, parece lejos de resolverse, y la amenaza de acciones constitucionales pende sobre el gobierno.
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