El Gobierno de Boric bajo presión: Defensa a jefa jurídica desata tormenta política
La Moneda enfrenta un nuevo foco de tensión. La defensa del Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), ha encendido las alarmas en la oposición y generado fuertes críticas incluso dentro del oficialismo. ¿Qué está pasando y por qué es tan importante?
El centro de la polémica: La abogada Francisca Moya, figura clave del Frente Amplio y persona de confianza del Presidente Boric, admitió ante una comisión investigadora que estaba al tanto de la inhabilitación constitucional de la senadora Isabel Allende para celebrar contratos con el Estado. Este reconocimiento ha puesto en tela de juicio su continuidad en un puesto estratégico, donde su responsabilidad es crucial para garantizar la legalidad de los actos del gobierno.
El “Caso Allende”: La controversia se origina en la compra de la casa del fallecido Presidente Salvador Allende para convertirla en museo. Moya dio el visto bueno para que Boric firmara el decreto de compra, sin considerar que la propiedad pertenecía a la senadora Isabel Allende y a la exministra Maya Fernández, ambas herederas del exmandatario. Esta omisión llevó al Tribunal Constitucional a destituir a Allende por infringir la Constitución.
¿Acusación Constitucional en el horizonte? La defensa férrea de Elizalde a Moya, respaldada por la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, ha desatado la furia de la derecha. Ante la negativa de remover a Moya de su cargo, la oposición amenaza con una acusación constitucional contra Elizalde, argumentando negligencia grave al no supervisar adecuadamente a su subordinada. Elizalde podría ser acusado mientras sea ministro y hasta tres meses después de dejar el cargo, lo que aún lo compromete por su gestión anterior en la Segpres.
Voces de la oposición: El diputado Andrés Longton (RN) no descarta la acusación, señalando una posible cercanía o conocimiento de la verdad por parte de Moya, lo que explicaría la “incapacidad” del Presidente para tomar una decisión. Anunció además la presentación de una denuncia ante la Contraloría para determinar si Moya cumplió con sus obligaciones legales y la solicitud de un sumario interno en la Segpres, algo que, según Longton, Elizalde debió haber hecho. La diputada Paula Labra (indep. RN) también exigió un sumario, acusando a Moya de “total incompetencia” y vulneración de sus deberes funcionarios. Juan Antonio Coloma (UDI) insinuó que Moya podría estar protegiendo al Presidente al asumir la culpa.
La respuesta del Gobierno: Elizalde se defiende, argumentando que cualquier acusación constitucional debe basarse en fundamentos constitucionales sólidos, los cuales, según él, no existen en este caso. Respecto al rol de Moya en la compra de la casa de Allende, afirmó que el proceso fue explicado detalladamente en la comisión investigadora y que la Contraloría General de la República avaló la legalidad del decreto firmado por el Presidente. La tormenta política, sin embargo, continúa creciendo.
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