Migrantes “resucitan” en EE.UU.: Polémica estrategia de la administración para forzar la salida de indocumentados
En una jugada que ha desatado controversia y generado dudas sobre su legalidad, el gobierno de EE.UU. ha incluido a más de 6.000 migrantes, en su mayoría latinoamericanos, en la base de datos de personas fallecidas del Seguro Social. Esta medida, que prácticamente borra la existencia legal de estas personas, les impide trabajar legalmente y acceder a beneficios sociales. ¿La meta? Presionar a los indocumentados para que abandonen el país, según fuentes de la Casa Blanca.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habría sido la encargada de impulsar esta política, revelada por *The Washington Post*. Dos memorandos internos autorizan al Seguro Social a clasificar a migrantes como fallecidos por motivos de “seguridad nacional”. La administración Trump busca con esto, según sus críticos, una forma drástica de reducir la inmigración.
¿Quiénes están en la mira? Migrantes que perdieron su estatus legal o que ingresaron al país a través de programas migratorios implementados durante la administración Biden, ahora considerados inválidos. Algunos de los afectados, según las fuentes, estarían incluso en la lista de vigilancia terrorista del FBI, aunque no se han ofrecido detalles al respecto.
El gobierno no se detiene ahí. *The Washington Post* informa que planean incluir en la lista de “fallecidos” a otros 92.000 migrantes con antecedentes penales. “El presidente Trump prometió deportaciones masivas y, al eliminar el incentivo monetario para que los inmigrantes indocumentados vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse”, declaró Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca.
Pero la legalidad de esta estrategia está siendo cuestionada. Funcionarios del Seguro Social han expresado su preocupación, argumentando que incluir en la lista de fallecidos a personas que se sabe que están vivas viola las leyes de privacidad. ¿Hasta dónde llegará esta política y cuáles serán sus consecuencias legales?
Esta no es la única medida polémica en la lucha contra la inmigración. La administración Trump también planea revocar permisos emitidos por el gobierno de Biden, implementar una aplicación móvil para que los migrantes soliciten su propia deportación y enviar a cárceles de máxima seguridad en El Salvador a personas acusadas de formar parte del crimen organizado. Una estrategia multifacética que busca, a toda costa, reducir la inmigración en Estados Unidos.
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