¡Golpe judicial al Gobierno por el Proyecto Dominga! ¿Está el camino despejado para la controvertida iniciativa minera?
El Tribunal Constitucional (TC) asestó un duro revés al gobierno, rechazando su argumento de invasión de competencias por parte del Primer Tribunal Ambiental (1TA) en el caso Dominga. Este fallo podría significar un punto de inflexión en la larga y sinuosa historia de este proyecto minero-portuario, impulsado por Andes Iron en la comuna de La Higuera.
Tras la decisión del TC, expertos en regulación ambiental coinciden: el Comité de Ministros estaría virtualmente obligado a dar luz verde al proyecto Dominga, que busca extraer 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre anualmente. ¿Se acerca el fin de la batalla legal?
Javier Naranjo, exministro de Medio Ambiente, lo resume así: “La sentencia del TC respalda la institucionalidad ambiental y obliga al gobierno a cumplir la sentencia del Tribunal Ambiental. No tienen otra opción”. Según el exministro, la decisión judicial genera una “causa ejecutoria”, lo que implica que debe ser cumplida incluso con recursos pendientes.
Esta “causa ejecutoria” se refiere al recurso de casación que el gobierno presentó ante la Corte Suprema en diciembre de 2024, intentando revertir la decisión del Primer Tribunal Ambiental que revivió el proyecto. ¿Será suficiente este recurso para frenar a Dominga?
Hipólito Zañartu, director del Magíster de Derecho de la Empresa de la Universidad Gabriela Mistral, comparte esta visión. Afirma que el Comité de Ministros ahora debe “completar su resolución”, cumpliendo con la orden del Tribunal Ambiental, sin necesidad de una nueva votación. ¿Un mero trámite burocrático o una concesión inevitable?
Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, aunque en desacuerdo con el fondo, también reconoce la presión sobre el gobierno. “He consultado con distintos actores del ministerio y la interpretación es que se podría ver obligada la aprobación”, señala Mena. ¿Una “camisa de fuerza” para el Ejecutivo?
Mena añade que el margen de maniobra del Comité para un nuevo rechazo es “muy mínimo”, ya que no se pueden considerar nuevos antecedentes. El TC, según Mena, “le da la razón al Tribunal Ambiental de que puede limitar el ámbito de acción del Comité de Ministros”.
Andes Iron, por su parte, celebró el fallo del TC y emplazó al gobierno a “poner fin a los intentos por dilatar el avance del proyecto”. La empresa considera que la resolución “refuerza la legitimidad y certeza jurídica” para avanzar en los permisos sectoriales. ¿Un futuro prometedor para Dominga?
La empresa ya inició este camino en mayo, cuando el SEA de Coquimbo confirmó la aprobación de su Resolución de Calificación Ambiental. Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente evalúa “los alcances del texto y las acciones a seguir”, considerando los recursos pendientes. ¿Cuál será la estrategia del gobierno?
Además de la casación ante la Suprema, la Corte de Apelaciones de Antofagasta también revisa una apelación. La batalla legal está lejos de terminar.
Expectativa en la Corte Suprema: ¿Cambiará la nueva composición el destino del recurso de casación?
Los opositores al proyecto miran con cautela el futuro del recurso de casación en la Corte Suprema, especialmente tras la salida del ministro Sergio Muñoz. “La constitución de la Corte Suprema hoy día no es la misma que había hace un tiempo”, advierte Mena, generando incertidumbre sobre el resultado. ¿Un nuevo capítulo en esta larga saga judicial?
La presencia del ministro Jean Pierre Matus también generó controversia, siendo recusado por su relación con un abogado vinculado al proyecto Dominga. ¿Influirá esta situación en la decisión final de la Corte?
Opositores al Proyecto Dominga: “Justicia ambiental a la medida de la industria”
Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana en Chile, lamentó la decisión del TC, afirmando que “la justicia ambiental está hecha a la medida de la industria, sin considerar el conocimiento científico de la zona, la protección del medioambiente y la voz de las comunidades”.
Roxana Núñez, vocera legal de Greenpeace, criticó la presión ejercida por Dominga sobre los organismos del Estado, buscando “forzar su avance de manera irregular en tribunales, en lugar de resolver sus múltiples carencias técnicas”. La controversia continúa.
Deja una respuesta