Contraloría Dice No, Otra Vez, a Municipios Armados: ¿Quién Debe Velar por la Seguridad Ciudadana?
Por tercera vez en una década, la Contraloría General de la República reafirma su postura: los municipios chilenos no tienen la potestad de armar a sus inspectores con armas no letales. La decisión, que llega en medio de un intenso debate sobre seguridad ciudadana, plantea interrogantes cruciales sobre quién debe asumir la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y a los funcionarios municipales.
El reciente dictamen, con fecha 24 de febrero de 2025, responde a una consulta específica de la Municipalidad de La Cisterna, liderada por el alcalde Joel Olmos (Ind.). La Contraloría reitera que las funciones de control del orden público son exclusivas de las fuerzas del orden, como Carabineros y la Policía de Investigaciones. Esta negativa se suma a otras similares, incluyendo una solicitud previa de la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMSZO), encabezada por Felipe Alessandri (RN), alcalde de Lo Barnechea, que buscaba evaluar el uso del dispositivo BolaWrap.
La controversia no es nueva. Alcaldes de diversas comunas han expresado su preocupación por la seguridad de sus inspectores, argumentando que enfrentan situaciones de riesgo sin las herramientas adecuadas. Sin embargo, el gobierno central se ha mostrado reticente, advirtiendo que dotar a los funcionarios municipales con armas no letales podría aumentar el peligro para su propia integridad. La Contraloría, por su parte, solo permite la adquisición de elementos de defensa personal que no tengan una finalidad coercitiva o disuasiva activa.
Este dictamen reabre un debate que parecía zanjado. Ya en 2017 y 2021, la Contraloría había emitido dictámenes similares, prohibiendo a los municipios dotar a sus funcionarios con herramientas propias de las policías. La insistencia de algunos alcaldes refleja la creciente presión por encontrar soluciones a la crisis de seguridad que afecta al país.
Mientras tanto, en el Senado se discute la Ley de Seguridad Municipal, que incluye una indicación que contempla el uso de pistolas taser. Sin embargo, el último dictamen de la Contraloría introduce una precisión importante: la imposibilidad del organismo de definir la naturaleza específica de los dispositivos, dejando esa tarea a los “órganos colegisladores”.
Según el alcalde Alessandri, esta precisión abre la puerta a un nuevo debate. Si la ley define ciertos dispositivos como elementos de defensa personal y no para el control del orden público, ¿podrían los municipios adquirirlos? La discusión está lejos de terminar.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), ha solicitado postergar el debate sobre el uso de armas no letales para no retrasar la tramitación de la ley. La controversia persiste, dividiendo incluso a quienes inicialmente apoyaron la medida. El futuro de la seguridad municipal en Chile sigue siendo incierto, mientras el Congreso debate y la Contraloría mantiene su postura.
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