¿Paz en La Araucanía? Informe sobre el conflicto mapuche genera debate y sombras de duda
Casi dos años atrás, fui testigo de un momento histórico, un consenso político que hoy parece una quimera: todos los partidos con representación parlamentaria unieron fuerzas para abordar el conflicto histórico entre el Estado y el pueblo mapuche. Parecía que la clase política chilena, por fin, entendía que este tema requería una solución política, no solo asistencialista. De este anhelo nació la Comisión para la Paz y el Entendimiento, generando grandes expectativas cuyo informe final ha visto la luz esta semana. ¿Cumplió con las expectativas?
Indudablemente, el esfuerzo y el trabajo desplegado por la comisión merecen reconocimiento. El informe presenta una sistematización seria y ordenada de la información dispersa sobre la situación de las tierras mapuche, un valioso inventario del problema.
Sin embargo, en el plano político, el informe se queda corto. Gran parte de la discusión y las propuestas se centran en las comunidades que han iniciado el proceso de reconocimiento de pérdida territorial a través de la CONADI. ¿Es suficiente?
Parece que se instala la idea de que el problema principal reside únicamente en la compra de tierras y las comunidades involucradas. Pero el conflicto es mucho más profundo y estructural: exclusión, negación, desigualdad, falta de representación del pueblo mapuche en su conjunto. El verdadero problema político es la negación de la existencia y los derechos de un pueblo. Abordar el problema de las tierras es necesario, sin duda, ya que el sistema actual alimenta el descontento social, y la comisión presenta propuestas en ese sentido. Pero creer que esto resuelve la situación es, una vez más, ignorar la dimensión política del conflicto.
Además, la propuesta implica modificar la Ley Indígena y el sistema de protección de tierras, un viejo anhelo de la multigremial de La Araucanía. Liberalizar las tierras en nombre de la paz y el entendimiento abre la puerta al único mecanismo que ha permitido proteger lo poco que le queda al pueblo mapuche tras la ocupación militar. Un gobierno ya lo intentó, y fracasó estrepitosamente. ¿Se repetirá la historia si no se ofrecen garantías y se genera confianza para un diálogo real?
La participación que menciona el informe es un punto positivo, pero no debe suplir la falta de una contraparte política mapuche genuina en el proceso. Las recomendaciones aún se sienten ajenas al pueblo mapuche. Esta falta de contrapeso será un obstáculo importante, especialmente porque las discusiones legales se llevarán a cabo sin representación política mapuche, como ocurrió hace más de 30 años con la controvertida Ley Indígena.
Lo que comenzó como un gran acuerdo político se ha desvanecido con la presentación de propuestas que enfrentan la resistencia del sector conservador, quizás influenciado por el clima electoral. El futuro está escrito, pero ¿estará la clase política a la altura del desafío?
*Por Rosa Catrileo, abogada, exdirectora de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas.*
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