Informe sobre el Pueblo Mapuche Divide Opiniones: ¿Un Paso Adelante o un Nuevo Debate?
El esperado informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, presentado al Presidente tras dos años de arduo trabajo, ha desatado un torbellino de reacciones en el espectro político y entre las comunidades indígenas. Si bien todos los partidos con representación parlamentaria se comprometieron a respaldar la instancia, la realidad es que el documento está lejos de zanjar el complejo tema de la reparación del Estado al pueblo Mapuche, especialmente en lo que respecta a la restitución de tierras ancestrales.
La oposición ha levantado la voz, tildando el informe de “octubrista” y cuestionando su legitimidad ante la falta de unanimidad entre los comisionados (7 de 8 votaron a favor, incumpliendo, según algunos, el reglamento). Sectores indígenas también expresan reservas, considerando restrictivas las dimensiones abordadas. ¿Será este informe un punto de partida para la reconciliación o un nuevo foco de conflicto?
La comisión tenía la ambiciosa tarea de construir una solución a largo plazo para el conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Un desafío mayúsculo, agravado por la persistente violencia que azota la zona, con ataques terroristas que han dejado una dolorosa huella de destrucción, muerte y desolación.
Si bien es natural que algunos sectores se sientan insatisfechos, el trabajo de la Comisión logró un diagnóstico consensuado sobre la situación de las tierras y propuso una veintena de medidas. Entre ellas, destacan el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la revitalización cultural y lingüística, y la búsqueda de formas de representación política. La propuesta de mecanismos de compensación alternativos a la entrega de tierras es un punto innovador. Aunque no era su mandato abordar la violencia radicalizada, el informe reconoce la existencia de terrorismo, víctimas y propone mecanismos de reparación concretos.
Descartar este esfuerzo sería un error. Sin embargo, la propuesta sobre la entrega de tierras y los fondos destinados a ello genera interrogantes. Mientras estas dudas persistan, será difícil alcanzar un entendimiento definitivo. El informe plantea interrogantes cruciales sobre el futuro de la relación entre el Estado y el pueblo Mapuche.
Un punto clave del diagnóstico es que la demanda por reparación territorial, bajo las reglas actuales, podría crecer indefinidamente, debido a las normativas que permiten la expansión constante del universo de solicitantes y el crecimiento interno de las comunidades. Por ello, la propuesta de establecer un límite máximo de crecimiento del 5% para el número de familias en ciertos grupos es valiosa.
La controversia se centra en la fórmula utilizada para calcular las tierras a restituir y el fondo propuesto de US$ 4 mil millones. La Comisión consideró un parámetro de habitabilidad de 10 hectáreas por familia y un precio unitario de $7,8 millones por hectárea.
Si bien se valora el intento de limitar el gasto fiscal y la cantidad de hectáreas a entregar, preocupa la falta de información precisa sobre las tierras que deben ser restituidas a cada comunidad. El uso de supuestos podría generar una sobreestimación de la cantidad de terreno y los costos. No obstante, ante las reivindicaciones históricas de algunos grupos, las estimaciones de la Comisión no deben ser desestimadas sin más.
La propuesta de crear un tribunal arbitral para resolver conflictos es compleja. La pertinencia de una instancia fuera de la estructura judicial, cuyas resoluciones no admitirán recurso alguno, genera dudas. Si no se precisan los alcances del proceso de evaluación, existe el riesgo de que las demandas territoriales se multipliquen, echando por la borda el proceso y manteniendo abierto el conflicto que se busca evitar. ¿Será este tribunal una solución o un nuevo problema?
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