Caso ProCultura: Explosivas Revelaciones Sacuden el Mundo Político Chileno
El escándalo de ProCultura entra en una nueva fase. Los intervinientes del caso han recibido el expediente de la investigación, desatando una tormenta política. El documento revela una intrincada red de conexiones políticas, evidentes conflictos de interés y un fuerte olor a corrupción que involucra a privados y autoridades. La sombra del financiamiento político ilícito se cierne sobre el caso.
En el centro de la polémica se encuentra la Fundación ProCultura, orquestada por el psiquiatra Alberto Larraín. Este personaje clave tejió una extensa red de contactos, especialmente dentro del Frente Amplio, expandiendo el alcance de la fundación más allá de la salud mental, hacia cualquier área donde fluyera dinero público.
La cercanía de Larraín con el Presidente Gabriel Boric era notoria. De hecho, una conversación interceptada por la Fiscalía revela que Boric consideró nombrarlo Ministro de Desarrollo Social, una idea que fue inteligentemente frustrada por Izkia Siches, entonces futura jefa de gabinete.
Aunque no llegó a La Moneda, Larraín, presuntamente aprovechando su relación con el Presidente, construyó un imperio.
La investigación detalla cómo la Fundación ProCultura firmó convenios con el Estado por $181 millones en 2020 y $316 millones en 2021. Estas cifras explotaron con la llegada de Boric a la presidencia: $3.282 millones en 2022 y $1.808 millones en 2023, antes de que el escándalo frenara abruptamente el ascenso de la fundación.
Según el fiscal Patricio Cooper, este “aumento exponencial” se explica por la estrecha relación entre Larraín y Boric, lo que alimenta la sospecha de “posible tráfico de influencias que deriva en fraude al Fisco, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas”.
Las escuchas telefónicas autorizadas legalmente a 24 personas vinculadas a Larraín arrojaron más luz sobre el caso. Una llamada de una mujer identificada como “Lucía” a altos cargos de la fundación revela un intento de cobrar una deuda. Según su testimonio, Larraín habría respondido que “gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.
Larraín no dudaba en usar su conexión con el Presidente. En marzo de 2022, durante la investidura de Boric, le comentó al gobernador de Magallanes, Jorge Flíes, que “ayer hablé con el Presidente electo”, y que este último “está muy entusiasmado con el anuncio de lo de Torres del Paine”.
¿Larraín estaba cobrando favores de campaña o simplemente lucrando con su relación personal? ¿Estaba el Presidente al tanto de lo que sucedía, o su amigo actuaba a sus espaldas? Estas interrogantes exigen una investigación exhaustiva.
El fiscal Cooper solicitó, sin precedentes, la intervención de los teléfonos de Boric, incluyendo sus mensajes de texto y la geolocalización de su celular.
Sin embargo, el juzgado de garantía de Antofagasta rechazó la petición en dos ocasiones, argumentando la falta de antecedentes suficientes.
El tribunal recordó al fiscal que estas medidas intrusivas solo se justifican ante “sospechas fundadas de haber cometido o estar preparándose para la comisión de un ilícito”. Y que la amistad con Larraín no convierte a Boric en “merecedor de sospecha o reproche penal, puesto que no se ha dado cuenta de hechos concretos que permitan determinar esa circunstancia”.
Desde el oficialismo, se denuncia una persecución política de Cooper contra Boric. Además de solicitar su remoción a la Corte Suprema por otro caso (Sierra Bella), parlamentarios del Frente Amplio lo acusan de “espionaje político” y de “poner en riesgo la seguridad nacional”.
El jefe de los diputados socialistas, Juan Santana, incluso amenazó con remover al fiscal nacional: “Esto se volvió un tema de seguridad nacional y debe tener algún freno (…) si no toma medidas urgentes se vuelve cómplice de la conducta temeraria e inconstitucional de Cooper. Haremos valer su responsabilidad”.
La vocera subrogante del gobierno añadió que las conversaciones del Presidente gozan de un mayor nivel de protección, ya que “podrían comprometer la seguridad nacional”.
Paradójicamente, hace unos meses, la oposición solicitaba la comparecencia de Cooper en el Congreso, acusándolo de “presiones” para “entorpecer” e “ir más lento” en la arista ProCultura del caso Fundaciones. Un caso que, vale la pena recordar, ha salpicado a políticos de todo el espectro político. Dos diputados (uno republicano y una frenteamplista) han sido formalizados, y varios gobernadores regionales están bajo investigación, sin importar su afiliación política.
Ahora, es el oficialismo quien intenta intimidar al fiscal a cargo de la investigación, evidenciando un conflicto de interés flagrante.
Es crucial recordar que el Presidente no está exento de medidas intrusivas, y que en este caso, las instituciones han funcionado correctamente. El juzgado de garantía analizó la solicitud y la rechazó por falta de sustento.
En una democracia, son los jueces, no los políticos, quienes determinan si se puede intervenir o no un teléfono. En este caso, la respuesta fue negativa.
Si los parlamentarios realmente se preocupan por el financiamiento político, deberían otorgar de una vez por todas atribuciones y recursos al Servel para fiscalizarlo. En este año electoral, millones de pesos fluirán desde el Fisco y se triangularán desde privados, sin control alguno.
El Servel se limita a certificar “rendiciones” ficticias de campañas, un terreno fértil para “pymes” disfrazadas de partidos y candidatos que buscan defraudar al Fisco. Y para fundaciones, empresas e incluso el crimen organizado, que intercambian favores con nuestras futuras autoridades.
“No queremos y no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria. En esto tenemos que ser muy claros: caiga quien caiga. Acá no vamos a hacer ningún tipo de perdonazo ni esconder debajo de la alfombra a quienes han cometido delitos”.
Esta frase, pronunciada por el Presidente Gabriel Boric en 2023 en relación a este mismo caso, resuena con fuerza.
Es hora de exigir coherencia y pedir al Presidente que alinee a su gobierno y a sus parlamentarios con estas palabras.
¿Caiga quien caiga? Que así sea, entonces. De verdad.
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