¡Bomba política! Fiscal solicitó interceptar el teléfono del Presidente Boric: ¿Intento de vincularlo a caso Procultura?
El Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, desató una tormenta política al solicitar, en dos ocasiones durante noviembre de 2024, la interceptación del teléfono celular del Presidente Gabriel Boric. ¿La razón? Una serie de controvertidos argumentos que apuntan a una supuesta conexión entre el mandatario y el caso Procultura, un escándalo que involucra millonarios traspasos estatales.
Cooper basó su petición en chats entre Alberto Larraín, fundador de Procultura, y el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, buscando demostrar una cercanía entre Larraín y Boric. Además, mencionó conversaciones interceptadas donde una tercera persona insinuaba que Larraín habría utilizado fondos en la campaña electoral del actual Presidente.
La solicitud del fiscal era ambiciosa: no solo buscaba escuchar las llamadas del Presidente, sino también acceder a sus mensajes de texto, historial telefónico desde 2021 y hasta su ubicación geográfica. De haber sido aprobada, la medida habría permitido rastrear los movimientos del mandatario durante los últimos años y conocer a todos sus interlocutores.
Pero el Juzgado de Garantía de Antofagasta frenó en seco las aspiraciones del fiscal, rechazando ambas solicitudes por considerar que los antecedentes presentados eran insuficientes para justificar una medida tan invasiva. ¿Qué hay detrás de esta polémica solicitud?
#Trasfondo: El Caso Procultura y la Mira en el Financiamiento de Campañas
El caso Procultura investiga traspasos estatales por un total de $5.866 millones a la fundación desde diversos gobiernos regionales y el Ministerio de Vivienda. El fiscal Cooper, a cargo de todas las causas relacionadas, buscaba vincular al Presidente Boric a su tesis principal: el financiamiento ilegal de campañas políticas.
La clave, según Cooper, residía en una llamada telefónica interceptada a la secretaria y cofundadora de Procultura, Patricia Csillag Pimstein. En esta conversación, una tercera persona mencionaba que Larraín habría declarado haber gastado dinero en la campaña de Boric, negándose a pagar una deuda.
Sin embargo, el tribunal consideró que esta referencia indirecta no era suficiente para justificar la interceptación del teléfono del Presidente.
#¿Chats y Transferencias Sospechosas? La Conexión con el Frente Amplio
El fiscal Cooper también intentó establecer una conexión entre Boric y Procultura a través de un convenio entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Valparaíso. Mencionó reuniones entre funcionarios, Alberto Larraín y el entonces Consejero Regional del Frente Amplio, Sebastián Balbontín, destacando la cercanía del Presidente con ambos.
Además, Cooper señaló transferencias de dinero desde la cuenta de Larraín a Balbontín y a Catalina Rengifo, quien trabajó en la campaña de Balbontín y fue coordinadora territorial de Procultura. También resaltó que Balbontín recibió fondos de Francisco Fuentes, otro funcionario de la fundación.
Para el fiscal, estos movimientos bancarios justificaban la necesidad de investigar un posible financiamiento irregular de campañas políticas, especialmente del Frente Amplio, basándose en la relación personal entre el Presidente y miembros de Procultura.
#Los Chats con el Gobernador Flies: ¿Pruebas de Influencia?
Los mensajes de WhatsApp entre Alberto Larraín y el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, también fueron utilizados por Cooper para intentar involucrar al Presidente Boric. En estos chats, Larraín mencionaba haber hablado con el “presidente electo” y su entusiasmo por un proyecto en Torres del Paine.
Cooper argumentó que, como Boric era quien dirigía el aparato público en ese momento, estaba indirectamente ligado a estas gestiones.
#La Conversación “Pinchada” con la Psiquiatra: ¿Intento de Coordinar una Defensa?
Finalmente, el fiscal Cooper incluyó en su solicitud una conversación telefónica entre el Presidente Boric y Josefina Huneeus, ex esposa de Alberto Larraín y ex psiquiatra del mandatario. En esta conversación, Boric habría mencionado haber considerado a Larraín para cargos en el Ministerio de Desarrollo Social y se discutió la situación de Irina Karamanos, ex pareja del Presidente, quien inicialmente fue investigada en el caso Procultura.
Cooper argumentó que Boric intentó coordinar la defensa de Karamanos y que ofreció recomendar a Huneeus para un puesto en el Servicio de Mejor Niñez.
A pesar de estos argumentos, el tribunal de Antofagasta reiteró su rechazo, señalando que las referencias eran indirectas y que no existían sospechas fundadas de que el Presidente Boric hubiera cometido o participado en algún delito. La decisión judicial fue un duro golpe para las aspiraciones del fiscal Cooper.
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