El fiscal Cooper solicitó intervenir el teléfono de Boric en el marco del caso ProCultura, pero la justicia lo rechazó. ¿Qué pruebas tenía?
El caso ProCultura sigue dando que hablar. El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la autorización para interceptar las comunicaciones del mismísimo Presidente Gabriel Boric. ¿La razón? Investigar un posible financiamiento irregular de su campaña en el marco del escándalo que sacude a la fundación ProCultura. La solicitud, contenida en un extenso documento de 26 páginas, fue finalmente denegada.
La arriesgada jugada del fiscal Cooper se basaba en la sospecha de que la cercanía entre Boric y Alberto Larraín, director de la cuestionada ONG, podría ser clave para esclarecer el destino de los fondos estatales recibidos por ProCultura. El fiscal detalló una serie de escuchas telefónicas realizadas a personas vinculadas a la fundación, buscando conexiones que apuntaran al Presidente. Sin embargo, el tribunal consideró que la amistad no era suficiente para justificar una medida tan intrusiva. “El hecho que la persona respecto de quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como Director ejecutivo de la fundación Procultura, no lo hace merecedor de sospecha o reproche penal”, sentenció la resolución a la que tuvo acceso nuestro medio.
Pero la investigación no se detiene ahí. El caso ProCultura tiene ramificaciones que alcanzan al Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien también ha sido investigado en relación a convenios con la fundación. Específicamente, se investiga un convenio por más de mil millones de pesos destinado a la prevención del suicidio. La justicia incluso levantó su secreto bancario. Las conexiones entre funcionarios públicos y ProCultura, particularmente la relación entre Orrego y Larraín, están bajo la lupa.
El escándalo ProCultura, que se originó con el caso Democracia Viva en Antofagasta, se ha extendido a otras regiones como Biobío, Los Lagos, Ñuble y Magallanes, revelando una red de convenios entre la fundación y diversas gobernaciones. Esta trama de financiamiento, y los vínculos entre ProCultura y el gobierno, llevaron al fiscal Cooper a solicitar la intervención telefónica del Presidente Boric. Según el fiscal, interceptar el teléfono de Boric podría revelar información crucial sobre su posible participación en la asignación de convenios, especialmente a la luz de las conversaciones interceptadas en la región de Magallanes.
En Magallanes, la investigación se centra en un convenio para la restauración de un mural en Punta Arenas. Las conversaciones interceptadas en el teléfono del gobernador Jorge Flies revelaron comunicaciones con Alberto Larraín donde éste menciona haber hablado con el “Presidente electo” e incluso después de asumir el cargo, refiriéndose a Boric como “muy entusiasmado” con proyectos en la región. Para el fiscal, estas comunicaciones sugieren una posible influencia del Presidente en las gestiones de ProCultura.
Pero las revelaciones más impactantes provienen de otras interceptaciones telefónicas. En una conversación transcrita por la Brigada Anticorrupción, la cofundadora de ProCultura, Patricia Csillag, menciona que Alberto Larraín habría declarado haber gastado dinero de la fundación en la campaña de Boric y negándose a pagar una deuda pendiente. Estas acusaciones, aunque aún no confirmadas, han añadido una nueva capa de complejidad al caso y justificado, según el fiscal, la necesidad de investigar al Presidente.
Los orígenes del caso ProCultura se remontan a Valparaíso, donde la fundación recibió una asignación directa para un proyecto de diseño de loteo en campamentos. Las irregularidades detectadas por la Contraloría, sumadas a las reuniones previas entre funcionarios del SERVIU y ProCultura, alimentaron las sospechas de un trato preferencial. La conexión entre Larraín y Boric es, para el fiscal Cooper, el hilo conductor de estas irregularidades. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde llegará el caso ProCultura?
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