El Tribunal Constitucional Dictamina: Isabel Allende Cesa en su Cargo Senatorial
El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho pública su sentencia en el caso de la senadora socialista Isabel Allende, marcando un antes y un después en la política nacional. La resolución del TC implica el cese de Allende en su cargo, una decisión que surge a raíz de la controversia generada por la fallida compraventa estatal de la casa que perteneció a su padre, el expresidente Salvador Allende. Este caso ha generado un intenso debate sobre la probidad y las responsabilidades de los funcionarios públicos.
El extenso documento de 80 páginas desglosa meticulosamente los argumentos presentados por los ministros del TC, tanto aquellos que defendieron como los que se opusieron a la inhabilitación de la senadora. Allende figuraba como copropietaria del inmueble, un factor clave en la decisión del Tribunal. La propiedad en cuestión había sido objeto de un intento de adquisición por parte del Estado, con el objetivo de transformarla en un museo conmemorativo.
La base fundamental de la sentencia reside en la consideración de que la senadora Allende “celebró el contrato a sabiendas, o no pudiendo menos que saber la existencia de la prohibición constitucional expresa”. Esta prohibición, estipulada en el artículo 60 de la Constitución, impide a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado, buscando evitar conflictos de interés y asegurar la transparencia en la gestión pública.
El fallo del TC enfatiza la “larga trayectoria y seriedad como legisladora” de Allende, argumentando que su experiencia parlamentaria la hacía conocedora de la Ley N° 20.414, la cual introdujo una prohibición similar para los ministros de Estado. Este conocimiento previo fue un factor determinante en la decisión del Tribunal.
Los ministros que votaron a favor de la destitución de la senadora sostuvieron que la norma legal vigente “tiene eficacia, legitimidad, sentido y alcances que no tienen discusión”. En consecuencia, desestimaron el argumento de la buena fe, al considerar que la infracción constitucional estaba configurada independientemente de las intenciones de la senadora.
En su resolución final, el Tribunal Constitucional determinó “acoger los requerimientos deducidos y acumulados, declarándose la cesación en el cargo de la honorable senadora señora María Isabel Allende Bussi”. Este dictamen marca un precedente importante en la interpretación de las normas sobre probidad y transparencia en la función pública.
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