La Constitución vs. la Política: ¿Destitución de Isabel Allende Marca un Punto de Inflexión?
El artículo 60 de la Constitución es claro: un parlamentario no puede celebrar contratos con el Estado. Andrés Bello, padre del Código Civil, lo reafirma: cuando la ley es clara, debe aplicarse. Pero, ¿qué ocurre cuando la política entra en juego?
La reciente destitución de la senadora Isabel Allende Bussi ha desatado una tormenta política. Allende, en su rol de senadora, vendió al Estado la casa que heredó de su padre, el expresidente Salvador Allende. La operación, autorizada por el mismísimo Presidente Gabriel Boric, a través de un decreto del Ministerio de Bienes Nacionales en noviembre de 2024, puso a prueba la integridad de la ley.
El Tribunal Constitucional (TC), ante la disyuntiva, no tuvo margen. Carlos Peña lo sentencia: una decisión contraria habría sido un abandono del derecho. Y así fue, por una amplia mayoría, el TC dictaminó la remoción de Allende, reafirmando la primacía del derecho sobre las presiones políticas. ¿Un triunfo de la justicia o una derrota política?
El Partido Socialista ha reaccionado con furia, apuntando al gobierno de Boric por el daño causado a la senadora y al legado de su padre. Se buscan culpables entre funcionarios de menor rango, pero la responsabilidad principal recae sobre Allende y el propio Boric. ¿Cómo es posible que ninguno de los 17 abogados que revisaron el decreto, incluyendo una amiga personal del Presidente, advirtiera sobre las consecuencias? La lógica sugiere que Boric estaba al tanto y decidió seguir adelante.
Pero este no sería el único golpe a la memoria de Salvador Allende durante el mandato de Boric. La polémica conmemoración de los 50 años de su muerte y ahora, la fallida compra de su casa, han generado un debate sobre el legado del expresidente. ¿Está Boric honrando la memoria de Allende o contribuyendo a su “manoseo”, como sugiere el autor?
Paradójicamente, la decisión del Tribunal Constitucional, considerada “digna”, reafirma por tercera vez durante el gobierno de Boric la vigencia de la Constitución heredada del gobierno militar y los “treinta años” posteriores. Un legado inesperado para el Presidente Boric.
Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo.
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