Un escándalo sacude La Moneda: Jefa Jurídica Admite Conocimiento de Inhabilidad en Compra de Casa de Allende, pero No Alertó a Boric
La polémica por la fallida compra de la casa de Salvador Allende suma un nuevo capítulo explosivo. Francisca Moya, jefa de la Comisión Jurídico-Legislativa de la Segpres, admitió este lunes ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que su equipo estaba al tanto de la inhabilidad que impedía la adquisición, pero no informaron al Presidente Gabriel Boric. Esta revelación ha desatado una tormenta política y pone en el ojo del huracán a la administración Boric.
Moya reconoció que, durante el proceso de compra, eran conscientes de la inhabilidad constitucional que afectaba tanto a la senadora Isabel Allende como a la entonces ministra Maya Fernández. Este conocimiento previo levanta serias interrogantes sobre la transparencia y diligencia del proceso. ¿Cómo es posible que, conociendo este impedimento legal, la compra continuara sin alertar al mandatario?
La justificación de Moya se centra en delimitar las responsabilidades de su equipo. “Mi equipo conocía la norma… pero nosotros realizamos solo aquellas labores que nos corresponden… que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República”, declaró, intentando minimizar el rol de su departamento en el polémico caso.
Según Moya, su función se limitaba a la “revisión técnico legal de este acto administrativo en particular… el Decreto 38”. Añadió que, según la Contraloría, este decreto en específico no presentaba visos de ilegalidad. Sin embargo, esta explicación no ha logrado calmar las aguas.
La admisión de Moya ha encendido la furia de la oposición, que exige su destitución inmediata de la Segpres. Los parlamentarios opositores acusan al gobierno de “amiguismos” y exigen mayor rigor en la administración pública. La presión sobre el Ejecutivo aumenta con cada nueva revelación en este controvertido caso.
En medio de la tormenta, Moya ha recibido el respaldo público del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien fuera el titular de la Segpres cuando ocurrieron los hechos. Este apoyo podría interpretarse como un intento de blindar a la funcionaria, pero también podría intensificar las críticas y la exigencia de responsabilidades políticas en el gobierno. La investigación continúa y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre este caso que ha puesto en jaque al gobierno de Gabriel Boric.
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