Juez da luz verde a la deportación de activista pro palestino Mahmoud Khalil: El caso enciende el debate sobre libertad de expresión y política migratoria
Una jueza federal en Luisiana ha dictaminado que el gobierno de Donald Trump puede seguir adelante con la deportación de Mahmoud Khalil, un activista pro palestino que en 2024, siendo estudiante, se convirtió en una figura clave en las protestas de la Universidad de Columbia contra la guerra en Gaza. La decisión judicial ha desatado una ola de controversia, reabriendo el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de la política migratoria como herramienta política.
La jueza Jamee Comans, durante una audiencia celebrada el viernes en el centro de detención donde Khalil permanece recluido, argumentó que carece de la autoridad necesaria para cuestionar la decisión del Secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, de expulsar al activista del país.
Comans debía determinar si Khalil, detenido desde hace más de un mes, debía ser liberado o deportado. El Secretario Rubio justificó su solicitud de deportación basándose en la presunta “conducta antisemita” del entonces estudiante, argumentando que permitir su permanencia en Estados Unidos “socavaría gravemente un importante objetivo de política exterior” del país.
La jueza ha concedido a los abogados de Khalil un plazo hasta el 23 de abril para apelar el fallo. En caso de no hacerlo, advirtió que ordenará su deportación a Siria, su país de residencia antes de llegar a Estados Unidos, o a Argelia, país del que también posee la nacionalidad.
Tras escuchar el veredicto, Khalil recordó a la jueza Comans su declaración previa sobre la importancia del debido proceso. “Lo que presenciamos hoy no refleja ninguno de estos principios”, declaró, según la National Public Radio.
Khalil, cuya esposa estadounidense está a punto de dar a luz a su primer hijo, expresó su esperanza de que la urgencia con la que se ha tratado su caso “se transmita a los cientos de personas que llevan meses aquí sin una audiencia”.
La jueza había solicitado previamente a los abogados del gobierno que presentaran pruebas que respaldaran la decisión de expulsar a Khalil, de 30 años, quien fue arrestado el 8 de marzo en Nueva York tras la revocación de su residencia permanente.
En este caso, el gobierno de Donald Trump ha recurrido a medidas migratorias, negando los derechos inherentes a una tarjeta de residencia, para justificar razones políticas, específicamente, el activismo pro palestino de Khalil.
Diversas organizaciones han alzado la voz, denunciando esta situación como una forma de asfixiar las libertades públicas, el derecho al disenso y la libertad de expresión. Este caso promete seguir generando debate y atención en los próximos días.
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